CAMAGÜEY.- Desde el 12 de mayo, fecha en la que el Senado brasileño aprobó la celebración de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff por supuestos delitos fiscales, las garras de la conspiración golpista dieron el primer zarpazo contra la democracia en este país y contra las conquistas populares que por espacio de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores ( PT) recibiera la población del gigante sudamericano.

La votación de los senadores al aprobar por 61 votos a favor la destitución definitiva de Dilma por 20 en contra, no sorprendió a nadie, si tenemos en cuenta que casi la mitad de esos congresistas ( exactamente 47) están de una manera u otra vinculados a el caso Lava Jato, instruido por la justicia brasileña por el fraude millonario en la empresa estatal Petrobras y que tras fracasar al tratar de chantajear al gobierno del PT para que no continuaran las investigaciones, decidieron aplicar el impeachment a la Presidenta.

 Los que asistimos a través de la cadena informativa latinoamericana Telesur, que trasmitió en vivo las sesiones del Senado este miércoles, seguramente compartimos lo bochornoso que resultó cuando los dos senadores que discursaron contra Dilma la acusaron de ser responsables de la actual crisis, la situación económica del país, de los miles de desempleados etc. y en ningún caso refirieron al supuesto delito por el que se le estaba juzgando, porque estaban hablando no para el tribunal, que ya se sabía la decisión que habría de tomar, sino para tratar de convencer a la opinión pública de que la Presidenta merecía la destitución.

No son pocos, de dentro y de fuera, que coinciden en haber presenciado un proceso político vergonzoso, en el que se vincularon las élites más corruptas con partes de las autoridades judiciales montadas en el caso Petrobras, para asestar un golpe neoliberal a la consecutividad de los gobiernos del PT que han dedicado su empeño a favorecer los segmentos poblacionales más vulnerables con beneficios sociales y económicos.

Apenas conocida la decisión final de destitución de Dilma como presidenta, a pesar de haber sido electa por 54 millones de brasileños, e instaurado un gobierno de facto por un golpe de estado parlamentario, ahora encabezado por el vicepresidente Michael Temer, uno de los también involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero, y que asumirá el cargo según lo establecido hasta el 2018, el gobierno revolucionario cubano emitió una declaración de condena a tales hechos y ratificó su más firme solidaridad con la mandataria y la democracia en esa nación, convencido de que el pueblo brasileño no dejará arrebatarse las conquistas alcanzadas, y que el PT y Luiz Inacio Lula da Silva continuarán liderando la lucha por el desarrollo económico y social de ese país.

No han faltado otras voces en el contexto latinoamericano y caribeño en las que se ha manifestado el repudio al golpe parlamentario, entre ellas la de Rafael Correa, presidente de Ecuador, la de Nicolás Maduro, de Venezuela y Evo Morales, de Bolivia, quienes han ordenado el regreso de sus funcionarios diplomáticos por considerar insostenibles los vínculos con un gobierno que no representa a la nación sudamericana.

Y como era de esperar, por ser evidentemente uno de los promotores del “pucherazo”, voceros del gobierno de los Estados Unidos han dado su visto bueno al proceso de destitución de Dilma por considerarlo apegado a la legislación vigente aquí y han mostrado su disposición a mantener vínculos de colaboración con el nuevo gobierno.

Aunque se abren numerosas expectativas acerca de la situación creada en Brasil con las actuales autoridades ahora en el poder y su papel en el proceso de integración que vive la región, sí es de esperar que dada su filiación neoliberal, dichas autoridades hagan todo lo posible por torpedearlo,( como ya lo están haciendo con Venezuela y su oposición, junto con Argentina y Paraguay, para que asuma la presidencia pro-témpore de Mercosur , como le corresponde ), y en lo interno se ve venir una etapa de privatizaciones y de entrega al capital nacional y transnacional, de las propiedades estatales, como ya lo han anunciado, al tiempo que los recortes sociales estarán a la orden del día, por lo que esperan tiempos duros a los brasileños más vulnerables económica y socialmente.

El accionar contra Dilma, está claro que se inscribe dentro de la ofensiva oligárquica e imperialista contra los gobiernos de izquierda y progresista de la región y cuyos resultados en el gigante sudamericano los han envalentonados para lanzarse ahora contra Bolivia mediante el conflicto artificial creado entre las cooperativas mineras y el gobierno, con el fin subvertir aquí el orden y desestabilizar la buena marcha de la sociedad boliviana con Evo Morales al frente, objetivo que seguramente no van a alcanzar por la falta de apoyo popular a tan inviable estrategia golpista.